Por Bruno Cortés
En un momento clave para el gobierno de Claudia Sheinbaum, cerca de 80 diputados federales de Morena han alzado la voz para pedir la renuncia de Ariadna Montiel Reyes, actual titular de la Secretaría del Bienestar. La denuncia, presentada el 22 de abril de 2025, apunta a un cúmulo de agravios: desde tratos prepotentes y desdén institucional, hasta presuntas presiones ilegales y actos de corrupción. Este hecho marca una de las fracturas internas más notorias en el partido desde que asumió la presidencia su nueva dirigencia.
Montiel, quien asumió el cargo en 2018 bajo la administración de López Obrador y fue ratificada por Sheinbaum, ha sido pieza central en la operación de los programas sociales de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la confianza en su gestión se ha debilitado ante las denuncias que retratan un entorno de opacidad, autoritarismo y exclusión hacia los propios legisladores del partido en el poder.
Los legisladores inconformes, que representan casi una tercera parte del grupo parlamentario de Morena (31.6%), provienen de diversos estados y regiones del país, incluyendo zonas rurales e indígenas donde los programas sociales son más sensibles. Denuncian que los delegados del Bienestar no sólo actúan con negligencia, sino que en ocasiones bloquean la interlocución con los diputados. Un legislador del sureste del país relató que «por órdenes directas de Montiel», los encargados regionales simplemente no contestan llamadas telefónicas.
Uno de los testimonios más duros vino de la diputada oaxaqueña Irma Juan Carlos, quien acusó a Nancy Ortiz Cabrera —delegada estatal del Bienestar— de presionarla para participar en «temas ilegales». Según la legisladora, estas prácticas no son excepcionales, sino sintomáticas de una estructura que ejerce coerción desde los niveles más altos. Incluso mencionó que la corrupción “está presente hasta el último rincón de las comunidades rurales e indígenas”, aunque no ofreció pruebas concretas que sustenten esta afirmación.
Los diputados también relataron un encuentro tenso con Montiel el pasado 1 de febrero, donde aseguran haber recibido respuestas arrogantes y una actitud que calificaron de “despótica”. En esa reunión, afirman, Montiel les dejó claro que los funcionarios de su dependencia no están obligados a recibir a los representantes populares, y que la línea de mando la establece ella, no el Poder Legislativo.
Ante este panorama, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, ha tratado de fungir como mediador. Reconoció públicamente el malestar y se comprometió a dialogar directamente con Montiel, a quien describió como una funcionaria “trabajadora y eficaz”, aunque también reconoció que la percepción entre los diputados ha cambiado drásticamente. La falta de una respuesta oficial por parte de Montiel o de su oficina agrava aún más el clima de incertidumbre.
Más allá del conflicto institucional, lo que está en juego es la capacidad del gobierno para sostener la columna vertebral de su política social. La Secretaría del Bienestar administra programas que benefician a millones de personas y cualquier afectación en su operación tendría consecuencias tangibles en las comunidades. Además, la rebelión de los diputados podría marcar un antes y un después en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, al menos dentro del mismo partido.
La crisis también representa un reto para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha prometido continuar con los principios de la Cuarta Transformación, pero con una gestión más técnica, horizontal y menos confrontativa. El caso Montiel podría convertirse en el primer gran test de su voluntad política para manejar tensiones internas sin romper los equilibrios que mantienen cohesionado al movimiento.
En las próximas semanas, el desenlace de esta crisis será clave para entender si Morena optará por renovar liderazgos al frente de las políticas sociales o apostará por cerrar filas, incluso a costa de perder interlocución y confianza dentro de sus propias filas. La rebelión de los legisladores es un llamado de atención que no puede ignorarse sin consecuencias.
