La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lanzó una alerta este miércoles por el rumbo que están tomando tres reformas clave en materia de seguridad pública que avanzan en el Congreso mexicano.
El organismo internacional advirtió que los cambios propuestos a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia suponen una amenaza a derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la privacidad.
El centro de la polémica: dar más poder al Ejército y la Guardia Nacional, sin establecer mecanismos claros de rendición de cuentas, controles civiles o transparencia.
“Nos preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos”, subrayó la ONU-DH.
De la seguridad civil a la vigilancia militar
El Congreso ya aprobó en lo general el dictamen que da origen a la nueva Ley de la Guardia Nacional, la cual busca integrarla de forma definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consolidándola como un cuerpo militar.
La Guardia Nacional nació en 2019 con una naturaleza civil. Sin embargo, desde su creación ha operado de facto bajo control militar, y ahora, con estas reformas, la militarización quedaría plasmada en la ley.
También se aprobó la creación de un nuevo sistema nacional de inteligencia y seguridad, con atribuciones ampliadas para acceder a datos personales, operar de forma encubierta y realizar tareas migratorias, todo con poca supervisión externa.
“Ley Espía”: organizaciones denuncian vigilancia sin control
Diversas organizaciones como Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Fundar y Data Cívica denunciaron que estas leyes abren la puerta a un estado de vigilancia permanente.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de mecanismos de rendición de cuentas son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, señalaron en un comunicado conjunto.
Además, apodaron la nueva normativa como “Ley Espía”, debido a que permitiría al gobierno tener acceso a registros públicos y privados sin orden judicial, incluyendo datos biométricos, registros telefónicos, de salud o financieros, en nombre de la prevención del delito.
La ONU: seguridad pública debe ser responsabilidad civil
Desde su cuenta oficial, la Oficina de la ONU-DH en México recordó que la seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles, no militares, y estar sujeta a controles democráticos.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de autoridades civiles, realizada con pleno respeto a los derechos humanos y sujeta a deliberación pública”, señaló el organismo.
Las reformas, que ya pasaron por la Cámara de Diputados, se encuentran ahora en análisis en el Senado de la República, donde podrían ser aprobadas en las próximas semanas, salvo que se frene su avance con presión ciudadana y debate público.
¿Qué está en juego?
- Acceso a tus datos personales sin orden judicial
- Militarización permanente de la seguridad pública
- Operaciones encubiertas y vigilancia a civiles
- Falta de rendición de cuentas sobre actividades de inteligencia
- Riesgo de abuso de poder con justificación de “seguridad nacional”
En un país donde los escándalos por espionaje —como el uso de Pegasus— aún no han sido esclarecidos del todo, estas reformas representan una amenaza potencial a las libertades individuales.
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